Continúan las audiencias en Perú en el caso de las esterilizaciones forzadas de 350.000 mujeres y 25.000 hombres en los años 90. Entre los acusados están el ex presidente Alberto Fujimori y tres de sus ex ministros por haber conducido esta política de esterilización masiva, sobre todo en zonas andinas y pobres. En el marco de la formalización de la denuncia contra Fujimori y sus exministros Yong Motta, Costa Bauer y Aguinaga, congresista electo por Fuerza Popular, el fiscal Pablo Espinoza expuso el 21 de abril los llamados elementos de convicción. Es decir, presentó ante el juzgado los hechos y testimonios que lo llevan a determinar la existencia de delitos contra el cuerpo, la vida y la salud en la modalidad de lesiones graves contra 1.300 mujeres y lesiones graves seguidas de muerte contra cinco más. Según Espinoza, Fujimori es "el máximo y principal responsable" de las muertes y las lesiones derivadas de las esterilizaciones forzadas, que "fueron practicadas sin considerar la normativa vigente, sin una infraestructura adecuada, sin personal médico especializado y sin el consentimiento informado de las pacientes". Además el procurador añadió que el objetivo de este control forzado de la natalidad era reducir las cifras de pobreza en Perú y así obtener beneficios económicos. Este lunes Espinoza presentará otras pruebas contra el régimen fujimorista. Lo acusa entre otras cosas de haber presionado al personal médico para realizar las esterilizaciones. RFI entrevistó a María Esther Mogollón, asesora de la organización de victimas de las esterilizaciones, que apunta a una “presión sobre el personal médico de todos los niveles. Establecieron una serie de cuotas [de esterilización] para cada centro de salud, lo que ponía presión para cumplirlas, con amenazas de despedidos si no se cumplían. Pero también está el otro lado de la situación, porque se les ofrecían regalos, como electrodomésticos o becas a México, a Japón, al personal sanitario. Hay dos lados de la verdad.” El fiscal ha insistido también en que se recurrió a policías y militares para amedrentar a las mujeres. “De un lado participaron la policía y los militares, que se mostraron como una amenaza para las señoras, si no cumplían con lo que se les decía, de ir a los hospitales, donde había otras amenazas como encierros”, señala María Esther Mogollón. “Pero también hubo otras amenazas como llevar preso al esposo, no entregar el carné de identidad. O en otros casos inclusive la policía acompañó las ambulancias. Estos puntos requieren una investigación más amplia.” Algo más de 8.000 mujeres y hombres están inscritos en el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (Reviesfo), abierto por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos desde el año 2016. Apenas 2.000 son las que han denunciado formalmente haber sido esterilizadas de manera forzosa y son parte de este proceso contra Fujimori, de ellas 1.307 con lesiones graves, de las que cinco fallecieron a causa de las secuelas de la intervención. Fujimori ya está cumpliendo una condena de 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad por los asesinatos de 25 personas en las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992). Esta nueva acusación llega a pocas semanas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, donde Keiko Fujimori, la hija y heredera política de Alberto, tienta por tercera vez consecutiva la Presidencia de Perú. Esta vez tendrá como rival en la segunda vuelta al candidato de extrema izquierda Pedro Castillo.