Se inició en Bolivia, país con la más alta tasa de feminicidios en Sudamérica, la primera reunión de la comisión que revisará los casos de asesinos de mujeres en el que los sentenciados han sido liberados. Una comisión creada tras un caso de feminicido que ha conmocionado al país. Dos expertas entrevistadas por RFI denuncian la impunidad a causa, en particular, de la falta de medios. La creación de la comisión que revisará los casos de feminicidios en el que los sentenciados han sido liberados es fruto de la fuerte polémica generada por el caso de Richard Choque Flores, asesino de varias mujeres. En diciembre de 2019, ese sujeto, condenado a 30 años de cárcel por asesinato, recibió el beneficio del arresto domiciliario. En enero de este año, este feminicida en serie fue detenido nuevamente por crímenes de trata y se descubrió que durante este tiempo había asesinado a dos adolescentes. A raíz de esas revelaciones, hubo denuncias de corrupción judicial y se subrayó la debilidad para ejecutar las sanciones a estos delitos. Otro gran problema es el de la impunidad, según dijo a RFI María Noel Vaeza, directora regional de ONU mujeres para las Américas y el Caribe. "Es necesario un Estado de derecho, una condena que sea firme y duradera donde el imputado y el condenado estén presos. Pero no como en este caso, pues ese hombre (Richard Choque Flores), por razones médicas, lo sacaron y cometió crímenes. La lucha contra la impunidad es fundamental porque encarna la seguridad jurídica y también es un ejemplo para el conjunto de la sociedad. El gran problema es que la violencia en ocasiones ni siquiera se denuncia. Y cuando se denuncia, en muchos casos, hay impunidad". En 2013, Bolivia aprobó una ley, la 348, cuyo objetivo es luchar contra la violencia machista y los feminicidios. Pero es una ley sin brazo ejecutor, dijo a RFI Ana Paola Garcia, directora de Casa de la mujer en Santa Cruz, una asociación que socorre a las mujeres víctimas de violencia y discriminación. "La situación de las mujeres es crítica hoy en Bolivia. Se han registrado 905 feminicidios desde que se aprobó la ley 348. Lo peor de todo, es que el número de sentencias es mínimo. Desde la aprobación de esa ley se han presentado 318.780 denuncias. Es necesario fortalecer los servicios de atención. En el departamento de Santa Cruz solamente tenemos 22 fiscales asignados. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cada fiscal termina ocupándose aproximadamente de 700 causas por año. Esto es humanamente imposible. Un solo fiscal no puede llevar tantos procesos. No existe asignación presupuestaria. No existe voluntad política. No existe un plan real para cambiar la estructura de Bolivia que todavía es un país profundamente machista y patriarcal. La justicia en este país está putrificada”.