En Chile, los partidos del oficialismo alcanzaron un acuerdo tras la promesa del presidente Gabriel Boric de abrir la puerta a mejoras para el proyecto de Constitución que los chilenos deben aprobar o rechazar en menos de un mes. Un pacto que sus impulsores esperan tenga efecto en las intenciones de voto, que las encuestas dan por ahora a favor del rechazo. "Unidos y unidas para aprobar una nueva Constitución", así se titula el acuerdo propuesto por el oficialismo chileno para serenar a los que temen que los cambios introducidos en el borrador de la nueva Constitución de Chile sean demasiado radicales. A menos de un mes del plebiscito en el que los chilenos deben decidir entre la actual Carta Magna -heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990)- o la nueva redactada por una convención enfocada engrosar los derechos sociales, el rechazo al texto que comenzó a redactarse en 2021, sigue liderando en un 53%. >>>Lea también: La Convención Constitucional chilena entrega a Boric su proyecto de nueva Carta Magna Los líderes de las grandes coaliciones que integran el Gobierno, Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático, decidieron anunciar un compromiso por mejorar el texto tras el referéndum. La presidenta del Partido por la Democracia y una de las impulsoras de este acuerdo, Natalia Piergentili, apunta que la campaña ha estado plagada de desinformación por un sector de la oposición y aclara que en ningún caso "este acuerdo es un corrector o invalida del trabajo que hizo la Convención Constituyente, sino más bien lo que hace es permitir disipar dudas y miedos que han generado algunos artículos que quedaron muy abiertos". El primer punto que aclara el acuerdo es el tema de la plurinacionalidad, es decir, el reconocimiento pleno de la identidad y la representación de los pueblos originarios. "En la campaña de la derecha, de la oposición, empezó a señalarse que por ejemplo si habían delitos de connotación social, las personas de los pueblos indígenas iban a ser juzgados con una mano más blanda o con otro sistema de justicia", señala Piergentili y aclara que en materia penal y en materia civil, todos, sin ninguna distinción, "serán juzgados como cualquier otro ciudadano". Otros temas han causado debate y por eso el pacto aclara que se protegerá el derecho a la vivienda tanto como al de la propiedad. Además se garantizará la educación particular subvencionada.