Sobre este episodio
Ante la posible ratificación de un nuevo acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y México (TLCEUM), más de 120 organizaciones civiles de México y Europa señalan que la actualización del TLCUEM vulneraría los derechos ambientales y sociales en detrimento de los intereses de las transnacionales. El 28 de abril del 2020 concluyeron las negociaciones para modernizar el Acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y México (TLCEUM), un acuerdo bilateral que existe desde hace más de dos décadas y que actualmente se encuentra en fase de revisión jurídica. La nueva versión del TLCUEM debe ser sometida próximamente al Senado de México para su ratificación. Sin embargo, en una carta abierta (texto completo aquí), 120 organizaciones civiles mexicanas y europeas llaman a no ratificar dicho acuerdo global. “Parte de estos cambios tienen que ver con dar más protección a los inversores transnacionales. Sería una acción totalmente contradictoria a lo que el gobierno mexicano ha dicho hasta ahora: está procurando recuperar más soberanía sobre algunos sectores, por ejemplo, energético”, estima Lucía Bárcena, investigadora del Transnational Institute (TNI ) en Amsterdam, un centro de análisis sobre políticas de comercio e inversión, y firmante de la carta contra la actualización del Acuerdo. Bárcena califica de “cheque en blanco a transnacionales” el nuevo acuerdo y considera que “tendrían mucha más capacidad de presión sobre el gobierno mexicano”. A las organizaciones que denuncian la actualización del acuerdo entre la U.E. y México les preocupa en particular el capítulo de inversiones. “Una de las cosas que prevé este capítulo es el acceso al arbitraje internacional para revolver posibles disputas que surjan entre Estados y Empresas transnacionales”, explica Bárcena. Y agrega: “Esto es un mecanismo que ya se ha demostrado en el pasado, incluyendo contra México, que a veces son empresas transnacionales que por algún tipo de legislación o medida que haya aprobado el gobierno y que pueda ir en contra de sus intereses privados, que han iniciado este tipo de demandas”. “México es el tercer país de América latina con más demandas de arbitraje de inversión. Los inversores que están demandando vienen de Canadá, Estados Unidos o de Europa. El Acuerdo podría abrir puertas a muchas más demandas por medidas que no siempre son asuntos contractuales. La mayoría de las veces estamos hablando de temas de asuntos de políticas públicas como una ley a favor del medioambiente o una ley que ponga límites a los precios de la energía. Desde el punto del inversor, podría ser visto como una medida que va en contra de sus beneficios privados", advierte Bárcena.
