La migración de venezolanos a Perú también ha sido motivada por una búsqueda de mejores tratamientos de salud, en especial contra el virus del VIH. En Venezuela, las pruebas para diagnosticar esta enfermedad o son muy costosas o simplemente se carecen de ellas. Incluso el acceso a tratamientos antirretrovirales es descontinuado. Una situación que según la OMS conduce a la aparición de nuevas cepas farmacorresistentes. “Apoyo bastante fuerte” Según Marlon Castillo, coordinador del colectivo GIVAR que reúne a varias ONG de ayuda a pacientes con VIH, es en Perú que este grupo sensible ha encontrado un sistema de salud más abierto, que a pesar de tener algunas carencias, les ofrece la posibilidad de no interrumpir los tratamientos. “Lo bueno es que sí hay acceso al tratamiento, hay cerca de 4.000 personas en tratamiento: yo creo que en Perú ha habido una red de apoyo bastante fuerte”, explica, añadiendo que “la ley no precisaba que [una persona] fuera de una nacionalidad de manera explícita peruana” para darle acceso a medicamentos. Retroceso En el caso estrictamente peruano, Castillo señala que debido a la emergencia sanitaria del COVID hubo un retroceso en la detección de la enfermedad: “No había una forma de que las personas con VIH pudieran atenderse. Ha habido un retroceso durante estos últimos años. ONUSIDA calcula que son entre 91.000 y 98.000 personas con VIH. De ellas, 74.000 están en tratamiento antirretroviral”. Estas personas están “concentradas en grupos poblacionales de gays, mujeres trans, hombres que tienen sexo con hombres y trabajadores y trabajadoras sexuales y el 99% en este año contrajo el VIH por la vía sexual”, agrega. La OMS y la OPS recomiendan la autoprueba como estrategia clave para alcanzar el objetivo de las Naciones Unidas de que el 90% de las personas con VIH conozcan su estado.