Sobre este episodio
Este jueves continúa la audiencia en Montevideo ante la Corte Interamericana de Derechos humanos, de un grupo de habitantes de la comunidad andina de La Oroya, en Perú, que durante décadas ha estado expuesto a metales pesados provenientes de una empresa minera que existe desde hace 100 años en el sector. "Año a año me pongo mal tres o cuatro episodios al año de parálisis en mi cuerpo”, cuenta Maricruz Aliaga, una de las 80 personas admitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como presuntas víctimas de la contaminación provocada por una empresa minera. Maricruz vivía en La Oroya, en los Andes peruanos. Esa comunidad fue expuesta durante décadas a metales pesados. “Sobre todo al plomo, cadmio y arsénico. Son agentes contaminantes que causan una afectación fuerte en la salud y que incluso causan secuelas”, explica a RFI Christian Huaylinos, abogado de la Asociación Pro Derechos Humanos, que acompaña al grupo de afectados. "Si bien se trata de una actividad empresarial muy importante, queremos que la Corte conozca como el Estado no sólo ha omitido tomar acciones que eviten que la contaminación se reproduzca en Oroya, sino que, por el contrario, adoptó medidas legislativas y promoción en esta contaminación”, dice. Los habitantes de La Oroya también están acompañados por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente. “Hubo un caso presentado en 2006 y la Comisión se tomó todo este tiempo para tramitarlo y solo hasta hace algunos meses nos remitió a la Corte”, explica la abogada, Liliana Ávila. La Corte determinará la responsabilidad del Estado peruano en el caso, el equipo legal del Estado insiste en que los problemas de salud no han podido ser vinculados directamente a la contaminación. No se pide el cierre del complejo metalúrgico “El Estado puede ser condenado internacionalmente, puede ser declarado responsable. Esperamos que exista un plan de remediación ambiental que gestione los impactos ambientales que genera la operación del complejo. Además, este es un caso de un contexto muy grave en donde las víctimas sufrieron amenazas por denunciar. También ellas merecen ser indemnizadas”, detalla Ávila. Para Christian Huaylinos, nunca se ha pedido el cierre del complejo metalúrgico. “Lo que hemos pedido siempre es que se garantice el respeto irrestricto de los estándares de calidad ambiental y la promoción y protección de la salud en La Oroya”, dice. La sentencia de la Corte se conocerá en 2023.