El periódico boliviano El Deber sacó a la luz un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que acusa al gobierno de Evo Morales de ejecuciones extrajudiciales y torturas contra un grupo de personas en 2009, en el operativo conocido como “caso Rózsa”. ¿Qué consecuencias puede tener? Según el periódico boliviano El Deber, un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que, en abril de 2009, en el hotel Las Américas, tuvieron lugar ejecuciones extrajudiciales y torturas ordenadas por el gobierno de Evo Morales en contra de cinco miembros de un supuesto grupo armado, e instó que los responsables sean procesados. “Asumir las responsabilidades” Este informe, firmado el 21 de diciembre de 2021, no tiene carácter oficial, afirma el politólogo Marcelo Silva, ya que no ha sido difundido por la CIDH. “Si el informe es verídico, entonces el Estado boliviano, como signatario de la CIDH, va a tener que asumir las responsabilidades que esta corte indudablemente establece. Entonces, el primer elemento es que el Estado boliviano tiene que resarcir lo que la CIDH está considerando como una violación y como ejecuciones extrajudiciales”, comenta. El medio boliviano indica que el informe está en la antesala de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que podría juzgar al Estado boliviano. Pero, para evitar un juicio, el país debe obedecer cuatro recomendaciones: reparar las violaciones cometidas con medidas de compensación, tomar medidas de atención en salud física y mental para las víctimas, tomar medidas para que en el futuro no se produzcan hechos similares, e investigar y sancionar a los responsables. “Pugna abierta” entre Luis Arce y Evo Morales “No se establece que se haga inmediatamente, esto hay que aclararlo bien, un juicio determinado a ciertas personas, sino una investigación. Y esto va directamente en relación o en línea al expresidente Evo Morales –habrá que ver cuál es su grado de responsabilidad en esto– y a los ministros de Estado que en su momento tomaron también esta determinación, especialmente al ministro de Gobierno de ese entonces, quien indudablemente estuvo a cargo del operativo”, subraya Marcelo Silva. Según el politólogo, “esto se hace un poco más complejo ahora, debido a que en el país existe una pugna abierta entre el presidente Luis Arce Catacora y el jefe del partido político, Evo Morales. Y claro, todo apunta a ver con muchísima atención cuál es la determinación, si este informe se hace oficial, que podría tomar el gobierno del presidente Luis Arce en relación a esta conminación que estaría haciendo la CIDH”.