Sobre este episodio
Un nuevo capítulo económico se abre para la isla de Puerto Rico, que hace cinco años se declaró en bancarrota con una deuda de 70 mil millones de dólares. La justicia federal de Estados Unidos aprobó un plan de reestructuración de su deuda, que según las autoridades de la isla llevará al país a la senda de la recuperación económica, aunque algunos sectores opinan lo contrario. Una jueza federal de Estados Unidos aprobó esta semana un plan de ajuste para reestructurar la deuda pública de Puerto Rico, para que la isla acabe con el proceso de quiebra que declaró hace casi cinco años. La magistrada Laura Taylor Swain dio el visto bueno al proyecto aprobado por las autoridades de la isla en octubre pasado. El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, aseguró que la decisión judicial "representa un gran paso para la recuperación económica" de la isla. "Estamos ante un momento trascendental en el que el Gobierno de Puerto Rico se encamina a terminar con el proceso de quiebra", escribió en Twitter. El denominado Plan de Ajuste de la Deuda contempla reducir la deuda pública de 70 mil millones a 34 mil millones de dólares. “Una narrativa que ellos han estado impulsando que éste es el mejor negocio del mundo que pudo haber hecho Puerto Rico pero desafortunadamente es el pago de una deuda que no se auditó, luego el pago de una deuda que había serios vicios de legalidad, que pudo haberse llevado hasta las últimas consecuencias para anular esta deuda y la junta de control fiscal resolvió negociar y transigir estas reclamaciones y estar haciendo con este plan una propuesta de pago que los economistas de Puerto Rico estiman que es imposible de cumplir. La capacidad económica del país para cumplir con 3.150 millones de dólares anuales está puesta en duda por los entendidos de la economía de Puerto Rico”, señala Rolando Emmanuelli, abogado puertorriqueño y especialista en temas de reestructuración de deudas. La decisión reducirá la deuda de la isla en cerca de un 80% y le ahorrará más de 50.000 millones de dólares en pagos del servicio de la deuda, indicó en Twitter la junta federal que supervisa las cuentas de Puerto Rico desde 2016. Aunque la Junta de Supervisión Fiscal, la entidad no elegida que diseñó esta reestructuración, afirma que la población no sufrirá recortes del gasto público, economistas y activistas de izquierda opinan lo contrario: “En cuanto a los pensionados, es cierto que el cheque mensual no se va a afectar. Sin embargo, se eliminan toda posibilidad de aumento por razón del coste de la vida, por lo menos en un periodo de diez años, las pensiones van a estar totalmente congeladas. En cuanto a los servicios esenciales, va a haber disminución, porque para dar un ejemplo, el presupuesto del gobierno central de Puerto Rico ronda entre 9.500 y 10.500 millones de dólares al año. A 10.500 le tienen que restar la cantidad de 3.150 millones de dólares, entonces estamos en la orden de 7.000 millones, y lo que plantean los economistas es que este dinero es insuficiente y eso va a dar base a despidos de empleados públicos, reducción de beneficios laborales para tratar de cumplir con el plan de ajustes”, comenta Emmanuelli. Desde 2005, Puerto Rico vive bajo estrictas políticas de austeridad, impuestas por los gobiernos sucesivos para tratar de reducir su alta deuda. En 2015, declaró impagable una deuda de 70.000 millones de dólares, lo que llevó al Congreso de Estados Unidos a crear una ley llamada Promesa, que permitió a la isla emitir una petición de quiebra en mayo de 2017. El mismo año, los huracanes Irma y María arrasaron la isla caribeña. Tras aquello, unas protestas provocaron en 2019 la renuncia del gobernador Ricardo Roselló, y un terremoto destrozó cerca de 8.000 viviendas en enero de 2020, a lo que se sumó luego la Covid-19, que contribuyó a agravar la situación socioeconómica de la isla. Con la AFP