Hace unos días, el Senado mexicano aprobó una serie de reformas a la Ley Minera. Estas modificaciones limitan y regulan el otorgamiento de concesiones para explotación de minerales en el país, eliminan a la minería como una actividad preferente por sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno, y obligan a las empresas a realizar procesos de consulta ante los pueblos y comunidades en las que deseen asentar sus actividades. A falta de que el poder Ejecutivo publique las modificaciones en el Diario Oficial de la Federación, la nueva Ley de Minería en México es una realidad. Una propuesta que, según el Estado, pretende limitar y regular el otorgamiento de concesiones para explotación de minerales además de obligar a las empresas a realizar procesos de consulta ante los pueblos donde deseen asentar sus actividades. “Perjudica la confianza” Sin embargo, esta ley preocupa al actual gremio minero: “Es una ley minera con la cual venimos trabajando. Sin embargo, nuestra sorpresa es que no se tuvo consultas con los que hacemos minería y con los que viven de la minería, y eso llevó a estas situaciones que no pueden ser del total agrado de toda la parte de la minería mexicana”, explica Raul García Reimbert, presidente del Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México. “Perjudica, en primer lugar, la confianza que debe tener el inversionista y el minero. El pequeño minero, el mediano minero debe tener confianza y certeza de que va a poder trabajar un yacimiento mineral sin que el Estado mexicano tenga que decidir sobre muchos aspectos, entre ellos si es un proyecto que geológicamente puede ser viable o no. El Estado mexicano no puede ser el árbitro de la geología. Y también para las comunidades donde nos asentamos, si va a haber crecimiento o no va a haber crecimiento de la industria minera”, estima García Reimbert. “Hablo a nombre de la industria minera responsable. Por pocos que no hacen minería responsable, pagamos muchos, muchos. Alrededor del 85, 90% de la minería es una minería responsable”, recalca. Inversiones extranjeras La nueva reforma que incluye reducir las concesiones a 15 años inquieta a los inversores extranjeros. Principalmente a Canadá que representa la mayor inversión en el sector minero fuera del país: “En México tenemos alrededor de un 45% de las inversiones en minería que son de origen canadiense y ellos invocarían algunas fallas que pudo haber en la ley. Yo no pienso que al día de hoy deba de haber corridas de empresas extranjeras, ni a ellos mismos les conviene. Además, ninguna ley es retroactiva, entonces la mayoría de las minas ahora están trabajando, y la próxima exploración, ya la haremos con un reglamento nuevo, tal como está la ley hoy. Sin un reglamento adecuado, puede ser disruptiva en las inversiones extranjeras”, detalla García Reimbert. El proyecto aprobado por los diputados cambia la denominación de Ley Minera a Ley de Minería, deja a un lado las actividades de exploración como reservadas al Estado permitiendo concesiones en reservas mineras por decreto presidencial, entre otros cambios.