Sobre este episodio
El Congreso de El Salvador aprobó esta semana, a petición del presidente Nayib Bukele, una reforma penal para castigar con hasta 15 años de prisión la difusión de mensajes de pandillas en medios de comunicación. Para algunas organizaciones, se trata de censura. Hay polémica en El Salvador tras la aprobación del Congreso, a petición del presidente Nayib Bukele, de una reforma penal para castigar con hasta 15 años de prisión la difusión de mensajes de pandillas en medios de comunicación. El texto de la reforma establece sanciones de 10 a 15 años de prisión para quienes “reproduzcan y transmitan mensajes originados por pandillas que pudieran generar zozobra y pánico a la población”. También se dirige contra aquellos que “marquen” sus territorios con siglas, una práctica que los pandilleros usan para amedrentar y amenazar de muerte a quienes los denuncian ante las autoridades. “No se puede combatir algo que no se conoce” La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) calificó estas reformas como un atentado contra la libertad de expresión: “La verdadera intención es callar a cualquiera que reporte sobre lo que está pasando en el país y sobre las pandillas. ¿Qué pasa si mañana, por ejemplo, las pandillas, que han pactado con el gobierno decidieran hacer públicas las condiciones de ese pacto? Nosotros como periodistas estamos obligados a reportar esa y otra versión. Quiere decir que si yo, como periodista, reporto eso, que es algo que evidentemente le importa a la ciudadanía, ¿me van a meter preso? ¿Quién pone el límite? ¿Quién dice que estoy cometiendo un delito?”, comenta su presidente, César Fogoaga. “El periodismo ha tenido mucho que ver en el combate a las pandillas, al contar esa realidad. No se puede combatir algo que no se conoce. Incluso si no las nombráramos a las pandillas, no van a desaparecer. Estamos en un momento donde la separación de poderes en El Salvador es inexistente, donde no hay garantías constitucionales, y que determinar el límite depende de funcionarios que están apoderados ante la casa presidencial salvadoreña”, agrega. “Proteger los derechos de la población” Según una diputada del partido oficialista Nuevas Ideas, se tuvo en cuenta la libertad de expresión en la reforma: “Nosotros hacemos referencia al artículo de la Constitución que habla sobre la libertad de expresión. La ley en ningún momento habla acerca de prohibir hablar sobre la realidad. Nosotros estamos buscando proteger los derechos de la población, y a qué me refiero. Por ejemplo, un medio de comunicación viene, y trasmite un mensaje de difusión atemorizando a la población, y dice que este mensaje de difusión fue originado por un pandillero en determinado municipio. No sólo vulnera y da terror al país entero sino que también vulnera los derechos sociales de todo ese municipio, al no hacer la labor periodística que le corresponde”, detalló. La reforma se suma a una serie de cambios al código penal salvadoreño aprobados por el Congreso, bajo control del oficialismo, para hacer frente a las bandas delictivas, consideradas "terroristas". El Salvador cerró 2021 con una tasa de homicidios de 18 muertes por cada 100.000 habitantes, según datos oficiales.
