El gobierno de Colombia confirmó esta semana que presentará una reforma agraria para "buscar equidad en el acceso a la tierra" y saldar una "deuda histórica", pero pidió a los ciudadanos "respetar la tenencia y la propiedad" ante la ocupación ilegal de predios en algunos sectores del país. En Colombia, el acceso a la tierra está en el corazón del conflicto armado que ha ensangrentado al país durante casi seis décadas. La reforma rural integral fue el punto uno establecido de los Acuerdos de Paz. Hoy, a pocas semanas del inicio del gobierno de izquierda de Gustavo Petro, el mandatario busca cumplir una promesa de campaña con una reforma agraria que dé “equidad en el acceso a la tierra" y salde una "deuda histórica". Tensiones en el departamento de Cauca Esta perspectiva despierta expectativas. Indígenas han ocupado predios a la fuerza, principalmente en el departamento de Cauca, uno de los más afectados por la violencia que siguió a los Acuerdo de Paz con las FARC. El gobierno pidió el martes a la policía recuperar rápidamente las tierras invadidas. “Solicitamos a quienes hoy están de manera violenta o de manera inadecuada invadiendo predios privados a lo largo y ancho del país para que se abstengan de seguir haciendo esa práctica”, dijo la vicepresidenta Francia Márquez. Indígenas y campesinos rechazan lo que consideran un ultimátum del gobierno para irse. Mientras tanto, líderes ganaderos anunciaban que se organizarían para defenderse de las tomas de tierras. "Generar alternativas" La ONG inglesa Oxfam, que juzga imperativa la reforma agraria, confía en que las partes involucradas no se dejarán llevar por las tensiones. “Esperemos que haya voluntad de parte de todos los actores involucrados para buscar alternativas: a nadie le conviene volver a situaciones críticas”, afirma Laura Gómez, gerente de programa de Oxfam Colombia. Oxfam estima que Colombia debe responder a un reparto excesivamente inequitativo de las tierras si quiere alcanzar la paz. “El 1% de las explotaciones de mayor tamaño maneja más del 80% de la tierra, y es un motivo de conflicto permanente en Colombia”, subraya Gómez. Según ella, resolver este problema es necesario “para construir la paz y para generar alternativas económicas en el país”. Mientras tanto, el gobierno de Gustavo Petro asegura que privilegiará el diálogo para evitar la ocupación ilegal de tierras, mientras que cederá a los “colombianos más vulnerables” las propiedades incautadas a los corruptos y a la mafia del narcotráfico.