Los casos de tortura en Venezuela aumentaron un 148 % durante 2021, según un informe presentado por la ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), que cifró en 241 las presuntas víctimas. La organización Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos, Provea, denunció que son por lo menos 241 las presuntas víctimas de torturas en Venezuela en el 2021. Dos lugares Se trata de un aumento del 148% con respecto al año anterior, la cifra más alta en los 33 años que lleva trabajando la organización, según dice Lissette González, la coordinadora de la investigación. También denuncia que el 60% de las víctimas dijeron haber sufrido algún tipo de abuso sexual, que en algunos casos incluye violación. “Los responsables, los perpetradores son los oficiales de las fuerzas de seguridad del gobierno venezolano, y habría que rescatar que el 45% de las denuncias se concentran en dos lugares: uno es el CICPC [Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas] en El Hatillo y otro es la DGCIM [Dirección General de Contrainteligencia Militar] en Boleíta. Entre ambos concentran casi la mitad de las denuncias del año 2021”, explica Lissette González a RFI. “Absoluta impunidad” La investigadora indica que el gobierno venezolano aún no se ha pronunciado sobre esta investigación y resalta la importancia de poner fin a la impunidad. “Lo que sería importante y deseable es que ese memorándum de entendimiento que se firmó entre el gobierno de Venezuela y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de verdad sirviera como marco para que se dé una reforma del sistema de justicia, para que sea más independiente y que todas estas situaciones puedan ser debidamente investigadas. Porque probablemente, la principal causa por la cual las fuerzas de seguridad cometen todos estos abusos es por la absoluta impunidad que ha habido hasta el momento en todos estos casos de denuncias”, comenta González. Añade que “esto que podía resultar esperanzador el año pasado en noviembre, cuando se anunció ese memorándum de entendimiento, parece que no va a ser tan fácil de lograr. El reciente nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia vuelve a mostrar un panorama donde todos los magistrados están vinculados al partido de gobierno, donde se incumplieron los plazos y los requisitos que habría que haber seguido para esos nombramientos. Entonces no sabemos, o tenemos dudas sobre qué tan genuina es la voluntad del Estado venezolano de lograr un sistema de justicia independiente y de que todas estas violaciones de derechos humanos sean investigadas. Con todas las implicaciones que eso tiene para cumplir con los estándares del derecho penal internacional”. Según la ONG, 1.414 personas fueron “asesinadas” por policías y militares en todo el país, 50% menos que en 2020.