“Los Estados colombiano y peruano son los grandes ausentes a la hora de garantizar, proteger y respetar el derecho a una vida libre de violencia y discriminación para las mujeres refugiadas venezolanas, quienes enfrentan violencia basada en género en todos ámbitos de la vida”, denuncia Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado esta semana. El nuevo informe de Amnistía Internacional constata cómo las mujeres venezolanas refugiadas, que representan el 50% y 58% de la población venezolana en Colombia y Perú, enfrentan violencia y discriminación en todos los espacios de sus vidas por su género y nacionalidad. “Están expuestas todo el tiempo” Una situación que viene empeorando con los pasos de los años, comenta Rosario Grados, coordinadora del proyecto “No hay lugar para el abuso” de Amnistía Internacional Perú: “A diferencia de otros procesos de movilidad humana que hemos identificado en la región, ese proceso particularmente las coloca en una situación de violencia que se vive no solamente en el momento de la movilización, o de la llegada al país de acogida, sino que están expuestas todo el tiempo, en el tránsito migratorio, y cuando llegan a los países de acogida, sobre todo en el ámbito laboral y en el ámbito de la calle”. “Hemos encontrado un factor que agrava la situación de vulnerabilidad de estas mujeres refugiadas y es que las hipersexualizan constantemente por sus características”, subraya la experta. “Hay un subregistro” La especialista también señala que no se tienen cifras exactas de cuántas mujeres venezolanas sufren violencia de género ya que muchas tienen miedo a denunciar al no tener confianza en la justicia del país que las recibe. “En Colombia, en el año 2017, se reportaron 2.430 casos, y para el 2018 esta cifra aumentó un 61%, y en el caso peruano, en el año 2019, se reportaron 1.384 casos, y para el año 2021, 1818. En el Perú, hay un crecimiento de la denuncia de sólo el 31%, y eso consideramos que no es porque se haya reducido o es poca la cantidad de afectación, sino porque hay un subregistro y no se están recibiendo [denuncias] a pesar de que el marco jurídico diga que pueden poner la denuncia sin ningún tipo de documentación”, detalla Grados. La ONG hace un llamado a los gobiernos de Colombia y Perú para combatir la estigmatización y discriminación hacia las mujeres venezolanas, y de esta manera garantizarles el acceso a una vida digna.