En Cuba, la fiscalía general anunció nuevas condenas contra participantes en las históricas manifestaciones de julio del año pasado. Más de 414 manifestantes han recibido sentencias. Algunos purgarán hasta 25 años de cárcel por sedición. Las familias de los condenados de 11J, algunos menores, denuncian penas desproporcionadas para quienes participaron en manifestaciones en las que se pedía alimentos y más libertad. Yunaikis, una cubana de 24 años, pagó un alto precio por salir a la calle a protestar contra el gobierno. Según el relato que su madre Yurka Rodríguez hace de aquel histórico 11 de julio, su hija se unió a la multitud que gritaba “libertad” y “tenemos hambre”, y que vandalizó patrullas de policía. En marzo pasado, la justicia le confirmó su pena de 14 años por el delito de sedición. “Todo el mundo salió y mi hija siguió la manifestación. De los miles de personas, escogieron a 33 por delito de sedición", cuenta a RFI. Explica que su hija tiene erupciones cutáneas en los muslos, “por el estafilococo que hay en las prisiones, porque la forma de vivir ahí adentro es infrahumana”. Actualmente el caso de Yunaikis está pendiente de un juicio de casación. De las 790 causas abiertas tras la represión de las protestas, 414 personas fueron condenadas. Algunas recibieron penas de hasta 25 años de cárcel. "La protesta es un derecho fundamental" Laritza Diversent, abogada y directora de la ONG Cubalex en Miami denuncia una severidad desproporcionada de las penas. "Ya tres años por participar en una protesta es una sentencia excesiva”, dice. “La protesta es un derecho fundamental que las autoridades no debieron reprimir y mucho menos con procesos penales”. La masiva represión del movimiento del 11J fue considerada como injusta por Estados Unidos que decretó sanciones a cinco funcionarios cubanos por su papel en los juicios contra los manifestantes.