En Honduras, desde el domingo más de 600 policías militares patrullan en las fronteras con El Salvador, Guatemala y Nicaragua en la lucha contra las pandillas que gangrenan el país. El jueves, el gobierno de Xiomara Castro, decretó el estado de emergencia ante el aumento de las extorsiones. La presidenta hondureña, Xiomara Castro le declaró la guerra a la extorsión. “El pueblo hondureño fue víctima de la imposición de un cartel de narcotráfico desde el Estado mismo, que permeó las instituciones y las estructuras policiales y militares elevando sin límites la violencia y la formación de organizaciones criminales”, dijo el jueves pasado la mandataria, al declarar estado de emergencia nacional para luchar contra las pandillas. Para ello, ha lanzado el Plan Integral para el Tratamiento de la Extorsión y Delitos Conexos, una estrategia que preocupa a las organizaciones que defienden los derechos humanos por una posible suspensión de garantías Constitucionales. “Este plan ha sido anunciado que vendrá acompañado de algunos decretos que excepción de garantías constitucionales. Recordemos que éstas, a nivel nacional o internacional han sido negativas porque se producen violaciones de derechos humanos por parte de policías o militares”, explica Carlos Sierra, Coordinador de proyectos del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos de Honduras. ¿Imitando a Nayib Bukele? Afirma que el gobierno de Xiomara Castro, quien asumió la presidencia de Honduras a principios de 2022, presenta esta estrategia ante la inminente presión por mostrar resultados visibles al término de su primer año. También sugiere que Castro está imitando las drásticas medidas de su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, quien implementó un estado de excepción para permitir detenciones masivas bajo la bandera de una lucha contra las pandillas, lo cual implica una violación al debido proceso judicial. “Vemos con cierto riesgo que se eche mano de estas medidas y prácticas que no son saludables”, concluye Sierra. El portavoz de la Policía Militar de Orden Público (PMOP) justificó el despliegue de seguridad son el objetivo de "evitar el ingreso de miembros de estructuras criminales" procedentes de sus vecinos, sobre todo de El Salvador. En ese país justamente, el régimen de excepción ha derivado en la detención de unas 58.000 personas.