Sobre este episodio
En Colombia la Cámara de Diputados aprobó un artículo, parte de un proyecto de la ley anticorrupción, que crea penas de 60 a 120 meses de prisión para cualquier persona que sea declarada culpable de injuria o calumnia contra un funcionario público. Un retroceso para la lucha contra la corrupción, así calificó la ONG Transparencia Colombia una enmienda al código penal para defender la honra de los funcionarios públicos. Dicho artículo de ley crea penas de 60 a 120 meses de prisión para cualquier persona que sea declarada culpable de injuria o calumnia contra un funcionario público. La Fundación para la libertad de prensa (FLIP), organización que defiende el derecho a informar en Colombia, denuncia una regresión histórica en la materia. “Por un lado [la ley] sanciona mediante la cancelación de la personería jurídica a organizaciones comunitarias que injurien o calumnien”, dice a RFI María Paula Martínez, directiva de la FLIP. “Esta medida lo que hace es disponer con pena de prisión de hasta 10 años y multas muy altas a quienes profieran injuria o calumnia contra funcionarios o ex funcionarios. Eso hace que haya además un fuero extraordinario para ellos, que es contrario a la libertad de prensa que promueve estrategias de transparencia para que se les pueda investigar. Es una medida que además llega en un panorama electoral y que evidencia el recelo que tiene un sector de la política frente a la prensa y lo que hace es tramitar esas inconformidades a través del sistema legislativo. En este caso, con en este proyecto anticorrupción, entró entonces este artículo que configura censura, debilitando la investigación específica a funcionarios y ex funcionarios públicos”. Últimamente, varias investigaciones periodísticas han permitido revelar casos de corrupción en el país. “Por ejemplo, los Pandora Papers, en donde el capítulo Colombia participó y señaló a funcionarios públicos que aparecían con estos negocios en paraísos fiscales”, dice Martínez. “Y por supuesto, otros ejemplos como Odebrecht, que son famosos en la prensa, han comprometido a funcionarios públicos”. El proyecto debe pasar al senado colombiano antes de su ratificación por el presidente de la república.