Sobre este episodio
Debido al aumento de los arrestos realizados durante el régimen de excepción, impuesto en marzo, para combatir los crímenes de las maras, la ONG Fespad asegura que 83.000 salvadoreños se encuentran actualmente en prisión, y que la tasa de hacinamiento en las cárceles trepó al 106%. Con el número de capturas realizadas durante el régimen de excepción, El Salvador pasó a ocupar el primer lugar en el mundo de la tasa de personas detenidas por cada 100.000 habitantes, aseguró a RFI Héctor Carillo, director de Acceso a la Justicia de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad). Según la base de datos World Prison Brief, hasta el año 2020 la tasa de población penitenciaria en El Salvador era de 564 por cada 100.000 habitantes. “Las políticas de seguridad que se han impulsado no han tenido un carácter integral, y como consecuencia, han llenado las cárceles de personas. Y sin embargo la situación de violencia en el país continúa, debido a la percepción errónea, gobierno tras gobierno, de aparentar que con las capturas se está abordando el tema de la violencia en El Salvador”, explicó Carillo. “Una cantidad desproporcionada” Según el especialista en temas de justicia y derechos humanos, “es importante señalar que pasamos de 7.900 personas [en prisión] en el año 2000 a 37.000 en 2020. Hasta este régimen de excepción, rondábamos las 563 personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes, es decir, un crecimiento de la población penitenciaria significativo. El régimen de excepción, a la fecha, ha implicado la captura de más de 46.000 personas en cuatro meses. Una tasa de personas privadas de libertad que ronda las 1.300 personas por cada 100.000 habitantes”. Se trata de “una cantidad de personas desproporcionada que han sido capturadas en el marco de la implementación del régimen de excepción, por arriba incluso de países como Estados Unidos”, agregó. El especialista en temas de justicia y derechos humanos explicó que estos datos revelan que con el régimen de excepción se ha duplicado el hacinamiento de población carcelaria en el país. “Actualmente tenemos más de 83.000 personas privadas de libertad, mientras que la capacidad del sistema penitenciario es de 27.209, según datos del 2020”, detalló. “Total indefensión” Según datos de la ONG Cristosal, en los cuatro meses de régimen de excepción ordenado por el presidente Bukele, se han recibido un total de 2.426 denuncias por detenciones arbitrarias y otras violaciones a derechos humanos. Familiares de los 46.000 detenidos marcharon esta semana alegando su inocencia y exigiendo que sean liberados. “La captura de una persona sin que esté vinculada a un hecho delictivo de por sí es grave, pero lo vuelve más grave cuando se ha creado todo un marco legal e institucional que deja en total indefensión al ciudadano y a la ciudadana ante los abusos de poder y concretamente, ante la aplicación del régimen de excepción”, comenta Carillo. “Se ha creado un marco legal que, por ejemplo, prohíbe a los jueces otorgar medidas sustitutivas a la detención provisional en todos los casos donde el delito que se atribuye a la persona detenida tiene que ver con el tema de las pandillas”, detalla el experto, añadiendo que “la detención provisional debería ser la excepción y no la regla”. Otra reforma del régimen de excepción para sospechosos de pertenecer a maras o pandillas es prolongar la detención preventiva que por ley es de dos años, y extenderla a todo el tiempo que dure el proceso. Para Héctor Carillo, es importante que “se estén cumpliendo los parámetros constitucionales y los criterios jurisprudenciales para evitar que el sistema penitenciario deje de cumplir su rol y se convierta en un lugar donde se afecta de manera sistemática los derechos de la población, incluyendo los que han sido capturados sin tener vinculación con algún hecho delictivo”.