Sobre este episodio
En Colombia, el expresidente Álvaro Uribe cuestionó la decisión de la justicia que se negó a archivar su caso por presunto soborno y manipulación de testigos y allanó el camino para enjuiciarlo. El Tribunal Superior de Bogotá deberá definir si la jueza Carmen Ortiz se equivocó o no al mantener la investigación. Cuatro días tardó el expresidente colombiano Álvaro Uribe en reaccionar a la decisión de la justicia que se negó a archivar su caso por presunto soborno y manipulación de testigos. El pasado miércoles, la jueza de Bogotá Carmen Ortiz allanó el camino para enjuiciar al exmandatario quien a través de una videoconferencia cuestionó su investigación penal. “Una decisión muy bien sustentada jurídicamente” “La respuesta del expresidente Álvaro Uribe no es una sorpresa. Él ha tenido practicas como denigrar, atacar, y hacer campañas de desprestigio contra los servidores de la justicia que lo investigan. Así lo ha hecho con la Corte Suprema de Justicia, y con cada uno de los funcionarios que han tenido que ver con procesos donde él es el investigado, o sus familiares, o sus allegados políticos”, explica Reinaldo Villalba, abogado del senador Iván Cepeda, personaje clave en este proceso. “La decisión que tomó la jueza es una decisión muy bien sustentada jurídicamente, es una verdadera lección de derecho penal que se defiende por sí sola, y las palabras y respuestas del expresidente Álvaro Uribe en nada afectan la decisión de la señora jueza”, añade el abogado. El camino que llevó al expresidente a este punto se inició en 2012, cuando Uribe presentó una denuncia contra el senador Iván Cepeda por un supuesto complot en su contra apoyado en testimonios falsos. Pero la Corte Suprema se abstuvo de enjuiciar a Cepeda y, en su lugar, comenzó a investigar al exgobernante. En eso momento Uribe pasó de ser perseguidor a ser perseguido. Dos delitos Si finalmente el Tribunal Superior acoge el dictamen de la jueza, el expresidente y exsenador podría ser sentenciado por dos delitos relacionados (soborno y fraude procesal) y que en Colombia son castigados con unos ocho años de cárcel. “Lo primero es que la Fiscalía tendría que presentar el escrito de acusación ante el juez competente, para iniciar la etapa de juicio, y luego vendrá la decisión judicial que corresponda”, precisa Reinaldo Villalba. La decisión ahora será para el Tribunal Superior de Bogotá, que debería definir si la jueza Ortiz se equivocó o no al mantener la investigación. Todo apunta a que la respuesta no se sabrá hasta finales de mayo, coincidiendo con la primera vuelta de las elecciones presidenciales en este país.