Fecha de publicación: miércoles 12-julio / 4:41am

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Noticias de América

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Honduras trasladó a 1.628 presos catalogados como de alta peligrosidad a dos cárceles de máxima seguridad. Entre los reos trasladados hay 802 miembros de la pandilla Barrio 18 que fueron movilizados hacia el centro de detención La Tolva en Morocelí, al oriente del país. En el mismo operativo se movilizaron 826 pandilleros de la Mara Salvatrucha Las autoridades de Honduras trasladaron este martes más de 1628 presos de alta peligrosidad, miembros de maras y pandillas, a dos cárceles de "máxima seguridad" en el oriente y occidente del país, en el marco de la operación "Fe y Esperanza" lanzada por el gobierno luego de la matanza de 46 mujeres, el 20 de junio. Una imagen a la vista en El Salvador no hace mucho tiempo por parte del gobierno de Bukele. Las autoridades destruyeron previamente una gran cantidad de armas, la pregunta es cómo llegaron esas armas a las cárceles. Al menos 1105 armas de fuego de diverso calibre, entre regulares y artesanales, y 23925 proyectiles, han sido incautados durante la Operación Fe y Esperanza en las 25 cárceles del sistema penitenciario de Honduras.En declaraciones a la antena de RFI, Juan Almendarez, director del Centro de Prevención, tratamiento y rehabilitación de víctimas de tortura ha subrayado la importancia de la corrupción de las fuerzas del orden en eset asunto. "La primera pregunta que uno se hace es cómo entran armas a la cárcel. Eso es la corrupción policial y militar porque hoy en día existen sistemas modernos de detención de armas y las armas que entraron ahí son la R15 que es muy grande y muy visible. Ellos decían que entraban dentro de la vagina de las mujeres pero eso no puede ser. Es falso, hay cámaras ultramodernas que detectan cualquier situación".Almendarez explica, además, que la mezcla de presos altamente peligrosos como los de las maras con otros de poca o nula peligrosidad contribuye a crear ese ambiente hostil en las cárceles. La operación se realizó en el marco de una serie de medidas impuestas por el gobierno de Xiomara Castro para endurecer la seguridad del país. Entre otras acciones, se prevé la construcción de un penal de máxima seguridad en las Islas del Cisne.

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