La Asamblea Nacional de Ecuador, en virtud de una mayoría opositora, aprobó el juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso. El jefe de Estado tendrá que defenderse en el pleno del Legislativo de una acusación de presunto peculado. RFI analiza la noticia con Pablo Medina, profesor de Ciencia Política en la Universidad San Francisco de Quito Con 88 votos a favor, 23 en contra y 5 abstenciones, la Asamblea Nacional procedió a dar luz verde al enjuiciamiento político en contra del presidente Guillermo Lasso. Lasso se declara "blanco de un complot político" para intentar destituirlo. El juicio a Lasso, que empezó hace poco más de un mes, contó con el aval de la Corte Constitucional. El mandatario tiene un mínimo apoyo legislativo que lo pone en desventaja para negociar su permanencia en el poder. Pablo Medina, profesor de Ciencia Política en la Universidad San Francisco de Quito, precisa en RFI que al presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, no se le está acusando de peculado sino que se está poniendo en tela de juicio del legislativo su responsabilidad política al no haber tomado las medidas necesarias para evitar un posible peculado. RFI: Según los acusadores del presidente, “se evidencia el desvío o distracción de los fondos que generaban anualmente los pools de empresas con los que la compañía pública Flopec tenía una relación contractual en el transporte de crudo; por lo tanto, el presidente conocía y sabía de la estructura de corrupción en Flopec”. Pablo Medina: De acuerdo a la Constitución del Ecuador, el juicio político, la responsabilidad política, se puede determinar incluso si no hay una responsabilidad penal asociada”, explica el politólogo. Tal es el caso hoy en Ecuador pues, “aunque no existe una sentencia penal sobre el delito de peculado, ni siquiera existe en este momento una investigación de fiscalía al respecto, el legislativo si puede hacer un político al presidente por no tomar acciones necesarias para evitar un posible delito contra la administración pública”. Desde este punto de vista, el juicio político en Ecuador está mucho más cercano a lo que en países de regímenes parlamentarios, podría ser visto como un voto de confianza. “Lo que dice la oposición es que existe un caso específico en donde podría existir peculado y dentro de esa posibilidad, el Presidente no habría tomado las decisiones necesarias para evitarlo, en caso de que exista. Es decir, los legisladores no confían en que el presidente haga bien su trabajo para evitar el peculado RFI: Si bien no es un juicio penal, ¿qué efectos tendría que el presidente Lasso pierda la confianza de la mayoría de legisladores? La destitución y la censura del presidente de la República que conlleva, además, a una prohibición de ejercer cargos públicos durante un tiempo determinado. Ese es el castigo que se deriva de determinar una responsabilidad política. Para ello se necesita una votación calificada. El Ecuador tiene un parlamento unicameral de 137 asambleístas. Se necesita una votación de 2/3 de la Cámara, es decir, 92 votos para poder censurar y destituir al presidente, si es que la Cámara decide que, en efecto, no confía en el presidente por su manejo de este caso específico. RFI: ¿ Ese es el escenario más posible? Hay tres escenarios que complejizan un poco la situación y que se derivan de la Constitución que redactamos en el 2008. Nosotros generamos una serie de herramientas que permiten también al gobierno, al presidente, defenderse, entre comillas, de la Asamblea Nacional. El Ecuador tiene una larga historia de bloqueos y de conflictos entre el Ejecutivo y el Legislativo, y en la Constitución del 2008 nosotros generamos algunas herramientas, por ejemplo, una que nosotros denominamos la muerte cruzada. No es su nombre oficial, pero es como se la conoce, en donde el presidente puede cerrar la Cámara y adelantar elecciones. La cámara lo puede destituir a él automáticamente, pero todos se van a elecciones. Lo traigo a colación porque el año pasado la Cámara ya intentó destituir al presidente y no alcanzó los 92 votos. Y claro, el problema de esto es que eso no le da incentivos a los asambleístas para destituir al presidente, porque si lo destituyen, ellos también dejan su cargo. Con el juicio político no ocurre eso. Ellos destituyen al presidente, pero ellos permanecen en su cargo. Esto nos permite al menos dilucidar tres. Uno en donde la Cámara tiene los votos para destituir al presidente. Y simplemente es destituido. El segundo escenario es que antes de esa votación, el presidente cierra la cámara y nos vamos a elecciones en más o menos seis meses y entre tanto sigue gobernando. Sin cámara no puede hacer cambios legales salvo de urgencia económica, pero finalmente no tiene el bloqueo de la cámara. Y hay un tercer escenario en donde, en efecto, no hay los votos para su destitución. RFI: ¿Qué es lo más conveniente para Lasso? El escenario que más convendría al Presidente de la República es justamente que no salgan los votos. Es decir, que una vez llegado a este proceso se mantenga sin necesidad de destituir a la cámara. Y la cámara por sí sola tampoco logra destituirlo. Su segundo mejor escenario, es que no se vaya ahora, sino en seis meses cuando se celebre elecciones anticipadas. Es decir, el presidente abandona el cargo, pero en sus propios términos, no destituido. Y el peor escenario para él sería justamente que la cámara lo destituya. Entonces, estos son los tres escenarios a los que se enfrenta el Presidente de la República en este momento. Evidentemente, lo que está ocurriendo en la Asamblea Nacional es un reflejo de la crisis social que existe en el Ecuador. La crisis política es un reflejo de eso. Y por supuesto, más allá de que existan o no existan los votos, en este momento, lo cierto es que hemos visto en menos de un año, al presidente sometido a dos procesos que han intentado adelantar su salida del cargo. Y eso da cuenta de que hay un serio malestar social que, si es que no se resuelve a ese nivel, a nivel social, económico, que es de donde surge el malestar, probablemente a nivel político tampoco se va a solucionar y nos enfrentemos a nuevos bloqueos dentro de la política en el marco de este choque entre el Ejecutivo y el legislativo.