Sobre este episodio
Perú solicitará a Chile la ampliación de la extradición del encarcelado expresidente Alberto Fujimori para que se le pueda enjuiciar en un proceso penal por las miles de "esterilizaciones forzadas" de mujeres efectuadas entre 1996 y 2000, informó el Poder Judicial peruano. Se calcula que más de 350 mil mujeres y 25 mil hombres fueron esterilizados en Perú contra su voluntad o con una autorización conseguida con engaños, sin informarles adecuadamente. Algunos fallecieron como consecuencia de las intervenciones que se realizaron dentro del marco del Programa de Salud Reproductiva y Planificación familiar, creado por el gobierno de Alberto Fujimori. Un juez decidió abrir un proceso penal contra el expresidente Alberto Fujimori y algunos de sus exministros. Se les procesará "por ser presuntos autores del delito contra la vida, el cuerpo y la salud - lesiones graves seguidas de muerte en el contexto de grave violación de derechos humanos". El juez también anunció que se suspenderá el trámite del proceso abierto al expresidente Fujimori hasta que se resuelva el tema de su extradición. “Lo que corresponde ahora es que la Fiscalía solicite la ampliación de la extradición de Alberto Fujimori”, explica a RFI el abogado Sigifredo Florián, que forma parte del Instituto de Defensa Legal que patrocina a 14 de las víctimas. Una gran noticia para las cerca de 1.300 mujeres que hacen parte de la Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas. “Algunas la reciben con desconfianza, porque ya hemos tenido más de cuatro archivamientos, pero sí con la esperanza de que finalmente se hará justicia. Hay que recordar que fueron 25 años de denuncias, de luchas de las víctimas, que fueron afectadas en el momento en que las operaron, y cuya salud física y mental también fueron afectadas durante años”, comenta Esther Mogoyón, asesora de la asociación. “En paralelo, se está llevando la lucha del Gobierno para las reparaciones integrales que debería haber, puesto que la violación de derechos provino del Estado, y el Estado tiene que responder”, afirma. Ya en febrero de este año, el gobierno promulgó una ley que permitirá indemnizar a estas víctimas.
